Para el viceministro de Mina, Jorge Chávez Cresta, los proyectos mineros, de cualquier estrato, deben tener un componente social que permita visibilizar, con obras y acciones concretas, los beneficios que genera la actividad, principalmente, en las poblaciones circundantes a las operaciones, en pocos años.

Sostiene que el entrampamiento del uso del canon minero y de otros recursos de la actividad que sirven para financiar obras, inciden en la percepción de las comunidades circundantes a los proyectos respecto a la actividad y en la aceptación de la misma.

Al respecto, señaló que desde el Gobierno se impulsa un enfoque social para los proyectos y operaciones mineras con un carácter participativo que involucra al Estado, a las empresas y a las comunidades.

Precisó que el Estado, en sus tres niveles, actúa como un árbitro y como un facilitador del diálogo para buscar acuerdos consensuados que se reflejen, precisamente, en el progreso y bienestar de los pueblos.

“Los conflictos deben ser resueltos de forma preventiva y, para ello, se debe tomar en cuenta la particularidad de cada uno de los casos”, manifestó el viceministro.

Incidió, finalmente, en la necesidad de que la gran, mediana y pequeña minería, así como la minería artesanal, desarrollen inversiones sostenibles que lleve beneficios a los pueblos aledaños y que los hagan sentir orgullosos del progreso de su tierra.