El Estado peruano debe garantizar el absoluto cumplimiento de la seguridad jurídica y el Estado de derecho, dos requisitos necesarios para el ingreso de nuevas inversiones mineras y la permanencia de las ya existentes, coincidieron representantes de las empresas mineras Nexa Resources y Rio Tinto, en Expomina.

Durante el panel “Retos y oportunidades para el éxito de proyectos mineros”, Magaly Bardales, gerente corporativo Legal y Relaciones Institucionales de Nexa, mostró su preocupación por los constantes cambios al esquema regulatorio peruano, los cuales suelen entrampar los planes de inversión de las empresas.

A eso se añade el reciente proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para que se someta a un referéndum una Asamblea Constituyente la cual tendría como tarea la redacción de una nueva Constitución. Un tema que causa gran incertidumbre en los inversionistas nacionales y extranjeros.

“El cronograma de ejecución de un proyecto minero normalmente toma entre 3 a 4 años; sin embargo, este resulta siendo replanteado debido a las modificaciones del conjunto de normas que regulan la actividad minera, por lo cual no se pueden establecer plazos definidos para el desarrollo de la inversión”, contextualizó.

En el mismo sentido, María Alejandra, gerente general de Rio Tinto Minera Perú, señaló que la carencia de predictibilidad para el normal desarrollo de las inversiones mineras en plazos determinados termina afectando los presupuestos de gasto de capital que reciben las filiales de parte de sus matrices en el extranjero.

“En una compañía transnacional, las sucursales competimos internamente por la asignación de capital de trabajo para todo el año. Anteriormente, hemos tenidos proyectos que estaban planificados en un primer momento, pero luego tuvimos que posponer su desarrollo por motivos de cambios en el marco normativo”, reveló.

En el pasado, el conjunto de dispositivos legales del Perú recibió la admiración de otras naciones, las cuales se mostraron interesadas en reproducir esta misma experiencia para el desarrollo de su industria minera y la captación de nuevas inversiones privadas; no obstante, hoy, la percepción ya no lo que solía ser, concordaron ambas funcionarias de las compañías mineras.

Respeto a las reglas de juego

Por su parte, José Escaffi, gerente general de Escaffi Gestión Pública, enfatizó que la inversión privada se afinca y desarrolla donde prime la institucionalidad pública, es decir, el respeto al Estado de derecho, la libertad de empresa, las reglas de juego y la meritocracia, como principios básicos para un país de primer orden.

“Es importante tener organismos independientes para minimizar los riesgos de la politización de las decisiones que deberían ser técnicas. Debemos apuntar a que las instituciones técnicas, como Medio Ambiente y Minería, puedan tener la capacidad de tomar decisiones con discrecionalidad y sin miedo a ser sancionadas”, dijo.

Asimismo, remarcó la importancia del acompañamiento del Estado para crear las condiciones que permitan la convivencia pacífica entre empresas mineras y comunidades del entorno, con el propósito de asegurar el desarrollo sostenible territorial y la continuidad de las actividades de la operación minera.

“En el sector minero, se debe manejar con mucho cuidado el equilibrio entre el plan de ingeniería económico y financiero del negocio junto con el plan de trabajo ambiental y social. Este ejercicio de gerencia requiere el acompañamiento del Gobierno y las instituciones públicas de principio a fin”, precisó el economista.