Un sector económico con problemas crecientes es el minero, debido a la conflictividad social que han ocasionado recientemente la paralización de operaciones como Cuajone, la invasión de terrenos en Las Bambas y el bloqueo del acceso a Antapaccay que afectan a más del 30% de la producción nacional de cobre, y el freno de las inversiones mineras.

Frente a este contexto, la Cámara Peruana de Construcción Capeco ha propuesto iniciativas ante los conflictos activos y latentes vinculados a operaciones mineras, según indicó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, al diario Gestión.

En el corto plazo, es indispensable que el gobierno nacional actúe con diligencia para restituir el principio de autoridad y, luego generar condiciones de un diálogo de mesa sincero y abierto con las comunidades y autoridades locales que permita aterrizar sus expectativas, pero, sobre todo garantizar la normalización de la producción en todos los complejos mineros afectados.

“Para ello, es indispensable formalizar Mesas de Desarrollo en las provincias en que se localizan los proyectos mineros paralizados o amenazados, que tengan carácter permanente y estén bajo la responsabilidad de funcionarios de alto nivel, con capacidad de decisión y con presencia sostenida en la zona. Pero previamente es necesario efectuar cambios de funcionarios encargados de gestionar estos conflictos tanto en la Presidencia del Consejo de Ministros como en el Ministerio de Energía y Minas”.

A mediano plazo, el gremio ha planteado una propuesta integral para lograr la adhesión de la población y de las autoridades locales al desarrollo de megaproyectos productivos y de infraestructura que tienen impactos territoriales y poblacionales significativos en las circunscripciones en las que se ubican. Un planteamiento de este tipo sólo puede implementarse en las etapas iniciales de estos proyectos, idealmente apenas culmina la fase de exploración.

En esta línea, Capeco tiene intención de promover un programa de construcción de viviendas y mejoramiento productivo en las áreas de influencia de unidades mineras, capitalizando la experiencia de empresas constructoras en el desarrollo de proyectos habitacionales en comunidades rurales. Bajo esta óptica, resulta indispensable identificar aquellos que por su magnitud, complejidad e impacto territorial pueden ser parte de un proyecto piloto, cuyos objetivos son prevenir posibles conflictos con la población o las autoridades locales y sistematizar la experiencia para poder luego extender el modelo a todos los proyectos que se lleven a cabo en los siguientes años.

Lamentablemente, estas medidas son insuficientes para resolver los problemas por los que atraviesa el sector construcción, debido a la profundidad de la crisis política y de los conflictos sociales en que se ha sumido el país, debido a la falta de capacidad, la improvisación y las sospechas de corrupción que caracterizan a la gestión del Presidente Castillo, sumada a la impopularidad e inacción del Congreso de la República.

“A este impasse institucional, se debe añadir el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 y, más recientemente, de la invasión rusa a Ucrania que, entre otras cosas, ha generado un significativo aumento de la inflación que afecta la rentabilidad de las empresas y la capacidad adquisitiva de las familias, lo que incrementa la probabilidad de que el país se encuentre al borde de iniciar un proceso de estanflación”.

El informe muestra que la confianza de los agentes económicos para invertir disminuyó abruptamente desde la primera vuelta de la elección presidencial del 2021, llegó a su nivel mínimo cuando asumió el Presidente Castillo y, aunque nunca volvió al escenario positivo, se recuperó sensiblemente . El deterioro de la situación política durante el mes de abril, así como la reciente declaración del presidente Castillo sobre la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente indudablemente revertirá esta tendencia. Ello profundizará la contracción de la inversión privada para el bienio 2022-2023.

Fuente: Gestión