Contra todo pronóstico, las empresas mineras seguirán desarrollando sus planes de inversión en proyectos brownfield, pese al retroceso de ocho posiciones del Perú en la encuesta internacional Fraser, donde actualmente ocupa el puesto 42 dentro de las 84 jurisdicciones más importantes para la práctica de la actividad minera.

Así lo ratificó el vicepresidente de Operaciones de Compañía de Minas Buenaventura, Juan Carlos Ortiz, en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en el que se expuso el «Análisis de la encuesta Fraser 2001-2021», a cargo de Oswaldo Tovar, consultor en Ingeniería de Recursos SRL.

“Las inversiones en proyectos greenfield son muy sensibles a la coyuntura nacional, y si esta no es apropiada, simplemente se posponen o buscan otros lugares donde realizarse, ya que necesitan un balance más favorable entre inversión, retorno y riesgo. Sin embargo, los proyectos brownfield no se detendrán”, argumentó.

Para defender su afirmación, recordó que Antamina, pese a haber paralizado su operación minera en octubre pasado por bloqueos y protestas de la comunidad de Aquia, ha anunciado que invertirá US$ 500 millones en una nueva infraestructura que permita adicionar a la vida útil de la mina entre 10 a 20 años más.

De igual manera, citó el caso de Glencore, que recientemente comunicó para este año una inversión de US$ 20 millones en Volcan Compañía Minera, la más alta de su historia, para la exploración y hallazgo de nuevos depósitos significativos y la evaluación de sus concesiones, con la intención de aumentar su base de recursos.

“Por supuesto, si no ingresan nuevos proyectos mineros al pipeline, las reservas en explotación se agotarán y la producción caerá tarde o temprano. Por ejemplo, la producción de oro es ahora una fracción de lo que anteriormente se producía, como consecuencia de la suspensión de inversiones en nuevos proyectos”, advirtió.

Inversionistas espantados

En tanto, el consultor Fernando Castillo sinceró que el Perú seguirá perdiendo posiciones en la próxima encuesta de Fraser, debido a los nuevos bloqueos y paralizaciones registrados este año, aunado a los intentos del Gobierno de crear una nueva Constitución, una nueva Ley de Minería y un nuevo esquema tributario.

“Hace 10 años las inversiones en exploración bordeaban los US$ 900 millones, hoy apenas representan la tercera parte. Sin lugar a dudas, se han buscado todas las condiciones para espantar a los inversionistas privados, por lo que urge plantear al Gobierno una alternativa distinta frente a lo que significa la minería”, reflexionó.

Según el especialista, estamos desaprovechando la oportunidad del boom del precio del cobre, el cual posiblemente llegue a US$ 15,000 por tonelada en los siguientes cinco años, lo que hará que el sector minero explique hasta el 75% de las exportaciones totales y que nuestro país estime un crecimiento económico del 9%.

“Si un empresario lleva su dinero a algún lugar del mundo, dudo que sea al Perú, por las condiciones actuales y porque hay más de 190 competidores. Por ende, debemos trabajar mucho para recuperar la senda de inversión que ha permitido sacar al 30% de peruanos de la extrema pobreza en las últimos 20 años”, dijo.

Estatización amenaza

Por su parte, Jorge Manco, director de CERSEU – UNMSM, conjeturó que existe un plan político de estatización que busca crear empresas mineras regionales, orquestado por movimientos que reivindican ideas radicales del pasado y se infiltran en aquellas comunidades que buscan solución a sus reclamos justos o no.

“Muchos de los conflictos sociales se originan por falta de cobertura en educación, salud y empleo, pero, lamentablemente, estos motivos son desplazados por un discurso político que pretende socializar los medios de producción. Detrás de todo esto, hay un renacimiento del Movadef y el Gobierno debe estar vigilante”, alertó.

Asimismo, criticó que empresas mineras de la magnitud de Southern Perú y Las Bambas no hayan tenido la suficiente capacidad de comunicación para dar a conocer las obras que están ejecutando en beneficio del desarrollo de las comunidades, siendo sometidas por ideas sin base científica de grupos minoritarios.

“El problema es político y debemos resolverlo de la misma forma si queremos nuevamente más inversiones, trabajo e ingresos. De no padecer estos entrabes, el Perú hoy podría estar produciendo 5 millones de toneladas de cobre, pero nos hace falta instituciones más fuertes y con capacidad de resolución”, remarcó el docente.