Pese a señales del Gobierno por impulsar el desarrollo de la industria minera, sigue en proceso el proyecto de ley que afectaría y pondría en riesgo al sector 

Miguel Cardozo, presidente de PERUMIN 36, resaltó el compromiso establecido en el marco de la Convención Minera, en el que la industria decide formar parte activa de un grupo de trabajo multiactor para agilizar las inversiones privadas y dar un paso importante hacia la eficiencia en el uso de los recursos públicos por el desarrollo. Discurso que parecía ir de la mano con lo expresado por las autoridades asistentes al evento.

Sin embargo, en su reciente columna en el diario Gestión, Cardozo reflexionó en que sigue en pie el proyecto de Ordenamiento Territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue enviado al Congreso por el Ejecutivo en el mes de agosto.

Dicho proyecto se contradice con todo lo expresado por los representantes del sector público en PERUMIN. De aprobarse, se permitiría que las autoridades regionales puedan establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica, como la minería, incluso cuando las empresas cuenten con todos los permisos y condiciones para operar.

De esa manera, la norma pone en riesgo la cartera de inversión minera de US$ 53,000 millones y desalienta a los empresarios de generar nuevas inversiones en el país.

“El proyecto claramente es un nuevo escollo para la inversión, desalienta a los empresarios y otra vez es un paso atrás para crear las condiciones de confianza que, sobre todo ahora, se requieren para reactivar la economía”, señaló Cardozo.

Como parte de los riesgos que representa dicho proyecto, Cardozo hizo mención de la influencia del criterio ideológico, que muchas veces se impone al técnico e impide el desarrollo económico y social. “Esta no es la primera vez que las autoridades de este país proponen un procedimiento de espíritu excluyente, que rompe la confianza de los inversionistas”, agregó.

En esa línea, recapituló que en el 2021, el gobierno intentó promover una norma similar, y el Ministerio de Energía y Minas emitió una opinión contraria. Dos años más tarde, en julio 2023, la bancada de Perú Libre también presentó una propuesta de Ley de Ordenamiento y Gestión Territorial al Congreso y en el mismo mes, el Premier Otárola, ante el II Consejo de Estado Regional, anunció la aprobación en el gabinete ministerial del proyecto de Ley para el Ordenamiento Territorial señalando que el proyecto fija la rectoría de la PCM como ministerio articulador en la materia.

Asimismo, Otárola invocó a la Mesa Directiva del Congreso a agendar la atención de dicha iniciativa.

“Estos proyectos no difieren en su esencia, por lo que se conservan los riesgos que constituyen un desaliento para la inversión”, precisó el presidente de PERUMIN 36, quien finalizó la columna reafirmando la importancia de darle impulso a la industria minera como motor de crecimiento y sobre todo de desarrollo, que tanto se necesita para todos los peruanos.

“Nada de ello será posible si no se logran sinergias con las autoridades locales, regionales y las nacionales. Las necesidades que afronta el país, demandan diálogo y acuerdos de todas las partes”, apuntó.